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La historia de los pastores protestantes en España es un relato de resistencia y lucha por el reconocimiento. Durante la dictadura franquista, estos ministros de culto fueron excluidos de cotizar a la Seguridad Social, una discriminación que persistió incluso tras la transición a la democracia. A pesar de que los sacerdotes católicos secularizados recibieron compensación en 1977, los pastores protestantes tuvieron que esperar hasta 1999 para que se atendiera parcialmente su situación.

Hoy, tras 45 años de democracia, muchos de estos ministros y sus familias todavía enfrentan las secuelas de esa exclusión. De los cientos de pastores y viudas originalmente afectados, quedan vivos unos 300, entre ellos 279 pastores y 23 viudas. A pesar de la aprobación de un real decreto en 1999, no se estableció un régimen transitorio que permitiera a quienes ejercieron su ministerio antes de esa fecha acceder a una pensión de jubilación por no alcanzar el mínimo de 15 años cotizados.

Incluso una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2012 por discriminación religiosa no ha sido suficiente para resolver completamente sus reivindicaciones. Esta situación refleja no solo una falla en reconocer la igualdad ante la ley, sino también una falta de sensibilidad hacia el significado social y espiritual del ministerio de estos pastores.

José María Romo, Pastor de las Iglesia iBetel de las Asambleas de Dios en Zaragoza, compartió su experiencia personal durante una entrevista. Empezó su pastorado formalmente en 1986, pero hasta 1999 no pudo cotizar, lo que no le contará para su jubilación. A pesar de la presión económica y las responsabilidades familiares, José María y su esposa decidieron luchar por el reconocimiento de su derecho a cotizar como ministro de culto evangélico, una decisión tomada por principios y fe en una mejora futura.

La labor de un pastor evangélico, como la describe Romo, es integral y demandante. No se limita a la celebración de servicios religiosos; es una vocación que requiere atención continua y ofrece soporte espiritual y emocional a la comunidad. A diferencia de los sacerdotes católicos, los pastores tienen familias que atender, lo que añade una capa adicional de compromiso y sacrificio a su ya exigente trabajo.

El actual gobierno español ha mostrado interés en solucionar esta situación histórica, pero aún no está claro si las medidas propuestas serán suficientes para reparar completamente el daño hecho. Mientras tanto, los pastores como Romo siguen abogando por los derechos de su comunidad, esperando que la justicia, tarde pero segura, finalmente prevalezca.

Esta crónica es un testimonio de la lucha continua por el reconocimiento y la justicia para una comunidad que ha sido marginada injustamente, subrayando la necesidad de igualdad y respeto por todas las vocaciones religiosas en España.

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Redacción FIEL6 de mayo de 2024