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Desde que en el año 1999 los pastores evangélicos han podio cotizar a la seguridad social, aunque la realidad es que muchos de nuestros precursores y padres de la Obra, han quedado expuestos a situaciones límites para su sustento personal y familiar.

La razón no es otra que el hecho de haber sufrido un agravio comparativo, respecto a los sacerdotes católicos, que les ha impedido optar a una jubilación honrosa por no facilitarles la cotización a la seguridad social como ministros de culto. Pero, quisiera subrayar el hecho de que, el asunto referido, ya no resulta solo una cuestión económica, sino de dignidad por razón del sacrificio que han prestado en favor de la sociedad y, en concreto, a la Iglesia.

Ante esta vulneración de derechos por parte del Estado Español hacia nuestro cuerpo ministerial, ADE ha venido llevando a cabo una acción solidaria con sus Ministros que, fundamentalmente, se han visto afectados en su solvencia económica tras su jubilación. Con todo, sabemos que no es suficiente lo que hasta ahora se ha podido contribuir en favor de nuestros jubilados y, por tanto, conviene mantenernos en oración para que los esfuerzos de diálogo que desde FEREDE se llevan a cabo con nuestros gobernantes den su fruto y resulten en un gesto político que resarza el menoscabo que han sufrido nuestro Ministros y familias en tiempos en los que ser un servidor del Evangelio perteneciente a la Iglesia Evangélica suponía sufrir la marginación e indiferencia de nuestros gobernantes.

Precisamente, en estos días, se nos ha informado que, desde la Comisión Permanente, y por medio de la Secretaria Ejecutiva, se enviará un escrito al Ministro Bolaños para que preste debida cuenta de la situación y, de una vez por todas, desde el Gobierno de España se atienda a esta justa reivindicación.

Creo que merece la pena prestar atención al reciente artículo del periódico “La Vanguardia” que hace referencia a las palabras de la Secretaria Ejecutiva de la FEREDE, Carolina Bueno.

– Juan Carlos Escobar Carrasco, Presidente del C.E. de ADE


Pastores Protestantes en el olvido.

Un artículo de Silvia Oller para, «La Vanguardia».  Girona, 14/01/2024

A los pastores protestantes, perseguidos durante el franquismo, no se les permitió cotizar en la Seguridad Social hasta el año 1999, veintidós años después de que lo hicieran los sacerdotes católicos. Pero el real decreto aprobado aquel año no preveía un régimen transitorio que diese solución para aquellos pastores que habían ejercido su ministerio antes de 1999. Eso hacía que no pudieran acceder a la pensión de jubilación al no contar con un mínimo de quince años cotizados. Tampoco sus familias iban a poder beneficiarse de las pensiones de viudedad u orfandad.

“Muchos quedaron desprotegidos y dependieron y aún dependen, durante su vejez, de la ayuda económica de sus iglesias que les sostienen”, explica Carolina Bueno, secretaria ejecutiva de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede). La entidad estimaba en su último recuento de 2018 que podría haber unos 300 pastores vivos en España afectados en mayor o menor grado por lo que consideran una “injusticia” y “discriminación” con respecto al clero de la Iglesia Católica.

Los evangélicos piden al Gobierno la aprobación de un real decreto que arregle esta “discriminación”

Carolina Bueno habla de “agravio comparativo” porque afirma que a los sacerdotes católicos sí se les computó su tiempo de ministerio religioso para el cálculo del período de cotización exigido en 1977, cosa que señala que no ocurrió con los pastores evangélicos cuando en 1999 fueron asimilados a la seguridad social.

En ese limbo están los que siguen en activo y solo necesitan que se les computen como cotizados los años de su ministerio pastoral anteriores a 1999 para acceder al 100% de la pensión de jubilación y los pastores históricos, ya jubilados, que no han podido beneficiarse de una pensión o solo han tenido una pensión mínima. La entidad estima que, de estos últimos, como mucho pueden quedar un centenar.

En 2010 el pastor Francisco Manzanas llevó su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El pastor evangélico David Manzanas empezó su ministerio pastoral a finales de 1985, cuando tenía 29 años y lo terminó a los 67. Casi 40 años de ejercicio entre Bilbao, Granada y Alicante, donde reside. Explica que no le han reconocido catorce años de trabajo, los que van de 1985 al 1999, año en qué a los pastores protestantes se les permitió cotizar a la Seguridad Social. Le han concedido el 94% de la pensión pero el quiere llegar al 100%. De momento, ha interpuesto una demanda a la Seguridad Social y no descarta llegar a Europa como ya hizo su padre, hace 12 años. “Cumplimos las mismas funciones que los sacerdotes católicos, pero no se nos ha permitido la equiparación”, expone.

Fue precisamente su progenitor, Francisco Manzanas Martín, que ejerció como pastor de la Iglesia Evangélica entre los años 1952 y 1991, quien abrió el melón de la justicia en 2004 cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le rechazó su solicitud de contar con una pensión de jubilación al no haber alcanzado el periodo mínimo de cotización de quince años. Un hecho, que entendía que suponía “una discriminación por razón de religión”.

«Cumplimos las mismas funciones que los sacerdotes católicos, pero no se nos ha permitido la equiparación»

Tras recorrer los juzgados españoles, en 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo sentenciaba que el Estado había violado en este caso el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y entendía que la situación vivida por el pastor Manzanas suponía una discriminación, no por el hecho de que la integración de los protestantes al régimen de la Seguridad Social llegara 22 años después de los católicos sino por las condiciones en las que fueron asimilados.

“(…) El Gobierno no justifica las razones por las cuales una vez efectuada dicha integración se mantuvo una diferencia de tratamiento entre situaciones similares, basada solamente en razones de confesión religiosa”, apuntaba el auto.

Tres años después de esa sentencia, en 2015 el gobierno hizo una propuesta de Real Decreto para cumplir con las exigencias del TEDH, pero la Ferede rechazó la iniciativa al considerar que el régimen transitorio que aprobaba imponía peores condiciones de las que se previeron en 1977 para el clero católico.

“Por ejemplo, obligaba a los pastores a estar dados de alta a la Seguridad Social el primer día que podían estarlo, el 1 de mayo de 1999, cuando la mayoría ni se habían enterado de que ya podían cotizar”, explica Bueno.

La federación recurrió el decreto en 2017 ante el Tribunal Supremo, que dictó una sentencia declarándolo nulo. El Gobierno actualmente trabaja en un nuevo real decreto, que el colectivo evangélico espera que ponga fin a más de veinte años de lo que consideran una discriminación. También reclaman un acto de desagravio público con los pastores, sus familias y la comunidad evangélica en su conjunto.